miércoles, diciembre 22, 2004

POLITICA E INTERNET. ¿Gobernabilidad Digital? (Bea Hdez)

Hasta hace poco tiempo, internet era una herramienta desconocida para la política. Una herramienta que, sin embargo, en los últimos años ha pasado a ser incorporado masivamente tanto por las distintas instancias del Estado, como por aquellos actores que toman parte en el proceso político. Los principales alicientes que han promovido esta transición hacia el internet ha sido, tal y como reiteradamente menciona la literatura especializada, las nuevas posibilidades que crea para incrementar los niveles de eficiencia, transparencia y participación ciudadana en las funciones de gobierno y la política. A todo ello cabe añadir, las nuevas oportunidades que crea internet para fortalecer el compromiso cívico. Un elemento que adquiere una gran relevancia bajo los nuevos parametros de gobernabilidad.

Diferentes definiciones de Gobernabilidad Digital
El carácter novedoso y acelerado del proceso de incorporación y asimilación del internet no ha permitido que todavía contemos con una definición de Gobernabilidad Digital capaz de suscitar un amplio consenso entre los expertos, siendo los parámetros en los que nos movemos muy amplios. Por un lado, se encuentra una definición minimalista que entiende Gobernabilidad Digital como la aplicación del internet y las tecnologías digitales con el objetivo de optimizar las acciones de aquellos actores públicos y privados que participan en la determinación y asignación de bienes públicos. Al otro extremo se encuentra una definición maximalista en el que Gobernabilidad Digital no pasa solamente por una optimización de los procesos existentes, sino por una reconfiguración de la forma en que es concebida, organizada y ejecutada a partir del uso de internet y las tecnologías digitales.

Hablan las cifras
A fecha junio de 2000, los Estados de 176 países repartidos por todo el mundo contaban con sitios webs. En total, el rastreo efectuado en el cyberespacio identifica más de 13 millones de sitios y páginas webs de las distintas instancias de los Estados. En los últimos años también internet ha sido rápidamente incorporado por una inmensa mayoría de partidos políticos, grupos de interés y otros tipo de actores que orientan sus acciones hacia el proceso político. El mismo estudio da cuenta de cerca de 5 millones de sitios y páginas webs de grupos de interés y cerca de 2 millones de partidos políticos . Los Estados y la política de América Latina no ha sido ajena a este proceso. La comparación en el mapa sobre la implantación del "Estado Digital" elaborado por el Cyberspace Policy Research Group (CYPRG), en la que no es incluido México, la sitúa en una posición intermedia. En 4º lugar tras América del Norte, Europa Occidental y la región Asia - Pacifico. En esta misma clasificación, Brasil y México aparecen entre el grupo de los 15 países con más sitios webs de instancias del Estado. Además, es conocido el liderazgo que a nivel mundial han alcanzado Chile o Costa Rica en el desarrollo de diferentes facetas del "Estado Digital". Cabe constatar, sin embargo, que los ritmos de incorporación de internet al Estado no se corresponde a la de la mayoría de actores políticos que todavía se encuentran al margen de la red.
Nadie pareciera querer quedar fuera del consenso general existente entre el "establishment" político sobre los beneficios de avanzar hacia la plena incorporación de las tecnologías digitales a la gobernabilidad de los países, las regiones, los municipios o las esferas de las políticas públicas. En las agendas de todos los políticos, por encima de diferencias ideológicas o de las diversas de las realidades socio-económicas sobre las que se gobierna o trata de gobernar, el desarrollo de internet ha pasado a ocupar un lugar prioritario junto a los temas tradicionales de la política contingente. Ante la opinión pública, los líderes políticos aparecen encarnados como verdaderos "misioneros tecnológicos" que pretenden pasar a la historia por haber incorporado a sus sociedades a las ventajas de la era digital. Todo ello responde, como resulta evidente, a la nueva racionalidad política basada en los amplios beneficios y escasos costos electorales que en la actualidad tiene cualquier iniciativa alrededor tecnologías digitales en un electorado ampliamente concienciado sobre la conveniencia de la difusión de las mismas. Este estímulo electoral debe ser considerado como positivo para los fines del desarrollo del Gobierno Digital. El problema viene dado por el amplio desconocimiento que por parte de los políticos, y también de muchos de sus asesores más cercanos, existe sobre el internet y todas sus posibilidades como herramiento de gobierno. Esta situación pervierte ya desde su fase constitutiva las sendas por las que se produce el desarrollo del Gobierno Digital. Además, las estrategia electoralista de la mayoría de políticos respecto a internet entra dentro de una lógica cortoplacista. Lo que significa que sus estrategias no van más allá de hacer que sus gobiernos tengan una presencia en la red.
El tema de la racionalidad electoral se entrelaza con el segundo elemento a considerar, las diferencias en la institucionalidad política. Nadie se puede sorprender al observar como los datos muestran que es en aquellos países que cuentan con regímenes democráticos más consolidados donde la implantación y desarrollo de la Gobernabilidad Digital ha tomado más fuerza. Difícilmente va a fomentarse la mejora en los flujos de información que vinculan al Estado con sus interlocutores en aquellos países cuya institucionalidad obstaculiza parcial o completamente el libre acceso o uso de la información. Existen también otros rasgos institucionales de los regímenes políticos que deben ser tomados en cuenta para explicar la implantación de la Gobernabilidad Digital. El parlamentarismo, el federalismo, los sistemas multipartidistas o el reconocimiento del cabildeo como práctica legítima y, en general, todos aquellos aspectos que fomentan la fragmentación del poder político entre múltiples instancias favorecen el desarrollo de la Gobernabilidad Digital. Y esto, principalmente, por dos motivos. El internet se descubre como una herramienta excepcional para fortalecer las relaciones de poder que existen en aquellos Estados en el que éste se encuentra fragmentado. Asimismo, la existencia de múltiples centros de poder crea un escenario más propicio para la competencia entre unos y otros por avanzar lo más rapidamente posible en los proceso de Gobernabilidad Digital.

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